Redacción Red Noticia 21 marzo, 2019

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador que ordene detención provisional para el magistrado de la Cámara Tercera de lo Civil, Jaime Escalante Díaz, mientras se amplía la investigación por la supuesta agresión sexual en contra de una niña de 10 años en febrero pasado.

Marina de Ortega, directora nacional de la Unidad de la Mujer, Niñez, Adolescencia, Población LGBTI y Grupos en Condición de Vulnerabilidad, de la FGR, explicó que la cámara debe definir una fecha para la audiencia inicial.

Ortega confirmó que el caso tiene reserva total por el tipo de delito, tal como lo regulan la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV) y la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA).

“La reserva total es una garantía que beneficia a las víctimas, y en este caso por ser una niña menor de edad tenemos la obligación de reservarle su derecho a la intimidad y garantizarle todos sus derechos que como niña tiene ella”, sostuvo.

La FGR advirtió que luego de interponer el requerimiento, se esperará a que sea señalada la fecha y hora para el desarrollo de la audiencia inicial en la cual corresponderá a los magistrados el aplicar lo solicitado por la Fiscalía, ya que, dentro del marco legal, el Art. 331, inciso segundo del Código Procesal Penal, no se permite la aplicación de otro tipo de medidas en este tipo de delito, pero será esta instancia judicial la que determine resolver conforme a derecho.

Paralelamente a la investigación del caso, la FGR ha otorgado asistencia psicológica y legal a la afectada.

La acusación contra Escalante Díaz llegó justo el día que se cumplió un mes de que ocurrió la supuesta agresión sexual contra la menor de edad, el 19 de febrero pasado, en la colonia Alta Vista del municipio de Ilopango, según la versión que manejan las autoridades y la víctima.

El funcionario fue detenido por las autoridades ese mismo día después de que la madre de la víctima interpuso la denuncia en una delegación de la Policía Nacional Civil (PNC), pero fue enviado a su residencia debido a que la legislación salvadoreña le otorga inmunidad judicial (fuero constitucional) por su cargo.

La Asamblea Legislativa, con los votos de 82 diputados de todos los partidos políticos, quitó el fuero al magistrado en una sesión extraordinaria el lunes 4 de marzo luego de que una comisión especial integrada por legisladores acordó, tres días antes, que debían despojar de la inmunidad al funcionario para que enfrente el proceso legal en su contra.

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